Ni es un problema nuevo, ni tampoco es exclusivo de nuestra región. La contratación de temporeros durante el verano para la recogida del producto agrícola es algo que viene sucediendo desde hace décadas, el mismo tiempo que los sindicatos llevan denunciando las deplorables condiciones en las que se encuentran aquellos que viajan a nuestro país para contribuir con su trabajo a la economía nacional y realizar trabajos que los españoles, de forma mayoritaria, no quieren realizar.
Condiciones infrahumanas para seres humanos que trabajan entre ocho y diez horas diarias, para dormir después en un trozo de cartón en el suelo, durante el tiempo que dure la campaña, mientras olvidamos que en el mes de septiembre son muchos los españoles que viajan a Francia para la vendimia, por tanto inmigrantes también. Ahora han sido 10 trabajadores franceses los que, este fin de semana, cuando se dirigían a Murcia, han dado positivo al Covid-19, por lo que las autoridades sanitarias se han visto obligadas a confinar a 30 personas, todos los que viajaban en el autobús incluido el conductor y el ayudante del mismo. Algunos están confinados en sus casas y otros han sido confinados en hoteles antes de llegar a la plantación.
El Ayuntamiento de Fraga, este mismo fin de semana ha derribado un asentamiento ilegal de temporeros y sus ocupantes han sido realojados en el albergue municipal; aunque más grave ha sido la situación en Lleida donde a 200 temporeros se les ha negado el alojamiento en los hoteles de la ciudad a pesar de que el pago de la estancia estaba garantizado por algunas asociaciones de derechos humanos. Ha sido el futbolista Keitia Baldé, actualmente jugador del Mónaco y ex del Barcelona, quien ha pagado el alquiler de un edificio completo para acoger a estos trabajadores senegales.
Albacete no ha escapado a esta lacra y de repente hemos visto en las noticias un asentamiento ilegal lleno de temporeros, en condiciones infrahumanas, con el agravante de un rebrote de coronavirus. En algo más de 48 horas se han realizado más de 400 pruebas PCR para evitar la propagación del virus de las que hasta el momento son 24 positivas. La rapidez de actuación de las autoridades sanitarias ha evitado una nueva brecha del covid en la provincia de Albacete, pero esta situación ha puesto de manifiesto una vez más las precarias condiciones en las que se encuentran los temporeros, cuando sus empleadores son quienes deben garantizarles un lugar donde vivir durante el tiempo que permanezcan aquí.
El problema se recrudece cuando los temporeros vienen antes de haber firmado un contrato de trabajo, porque la firma de ese contrato es el que otorga al trabajador el derecho de permanencia en un lugar, cuando menos habitable.
Así Asaja se anticipaba a los problemas futuros asegurando, hace un par de meses, que «el sector no se iba a hacer responsable de la llegada masiva de inmigrantes a la región en busca de trabajo en las campañas agrícolas y solo lo hará con sus trabajadores», pero son muchas las mafias que se encargan de meter inmigrantes irregulares en nuestro país y la única herramienta para hacer frente a esta situación es la ampliación del número de inspectores de trabajo; y una vez más llegamos al punto de partida para la economía sumergida, para los fraudes empresariales, para los abusos contractuales y por supuesto para la habitabilidad de los lugares destinados a los temporeros.
Una vez más un titular de periódico da motivos al juego político para la crítica. Vox saca sus “dientes” contra los inmigrantes y el PP aprovecha que el Tajo pasa por Toledo, para volver a arremeter contra el Gobierno regional, mientras CS se apunta el tanto del alcalde de Albacete, cuando realmente será la Junta quien corra con todos los gastos de comida y alojamiento de los confinados.
De momento hemos puesto un parche, pero ¿Y ahora qué? ¿Cuándo y dónde estará la próxima? ¿Por qué no se contratan más inspectores de trabajo?
P. Moratilla
Para Dclm.es
Agua Luz y Viento 