Cuando escuchamos hablar al alcalde de Villar de Cañas, el popular José María Saiz, es cuando se empieza a entender la situación del cementerio nuclear. El alcalde ha manifestado estar de acuerdo con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJ)dictada contra el POM (Plan de Ordenación Municipal) de su localidad, cuya anulación auspició la Junta de Comunidades. Precisamente en base a este POM se tendría que conceder la «licencia de obras» para la construcción del ATC. A pesar de ello el alcalde ha hecho manifestaciones a los medios de comunicación, en las que afirma que «No hay ningún problema. El ATC lleva su marcha y no hay ningún problema porque hay otras formas de hacerlo, no hace falta POM«.
Sorprende la facilidad con la que realiza las afirmaciones sobre la necesidad o no de un Plan de Ordenación Municipal que es ese instrumento municipal de ordenación integral del territorio, a través del cual se clasifica el suelo, se determina el régimen aplicable a cada clase de suelo y se definen los elementos fundamentales del sistema de equipamientos del municipio en cuestión. Si esto ya es algo que sorprende, lo es aún más la aberración pronunciada por el alcalde cuando dice que «El ATC se puede hacer a 500 metros del pueblo porque no es una actividad peligrosa ni molesta como una granja de cerdos o de ovejas» y «por eso en Europa están en polígonos industriales rodeados de empresas y gente sin problema ninguno«. Lo que induce a pensar que desconoce del todo las leyes que regulan este tipo de instalaciones, ya que esta en concreto está calificada no solo como actividad peligrosa, sino además como insalubre y nociva.
Por otro lado muestra con claridad y sin cortapisas, el interés en la construcción del cementerio nuclear cuando afirma que «Hay mucha gente que había adquirido terreno para hacer hoteles y restaurantes. Yo tenía mi parcela para hacer mi residencia de ancianos«, hecho que por otro lado no deja de producir estupor viniendo de un alcalde que debería estar trabajando para que esa residencia fuese pública y no privada y para más inri de su propiedad.
Seguramente el «pequeño» Trump de Villar de Cañas, ha visto con buenos ojos las declaraciones del diputado por Cuenca y ministro de Justicia, Rafael Catalá, cuando ha afirmado que «La resolución judicial que avala la anulación del Plan Urbanístico de Villar de Cañas, no será impedimento para que el Gobierno central trate de seguir adelante con el ATC en esa localidad«. Esto preocupa mucho más, teniendo en cuenta que el ministro es el «notario mayor del reino», a quien seguramente no habrá que explicarle que los «juicios paralelos» ponen en entredicho la imparcialidad de las decisiones jurídicas o administrativas, pudiendo constituir un importante riesgo para la garantía de la tutela judicial efectiva. Algo que suponemos que conoce muy bien el Ministro Catalá, aunque solo sea por haberlo visto en los libros cuando estudió su carrera de Derecho, por lo que no es necesario recordarle qué es la tutela judicial efectiva, ya que sigue insistiendo en la ubicación del ATC desoyendo los argumentos en los que se basa la sentencia del TSJ de Castilla-La Mancha, y que dicho sea de paso, lo considera «inapropiado», al carecer de los requisitos necesarios para ello.
P. Moratilla
Publicado en Dclm.es
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