La pasada semana el Pleno de la Diputación provincial de Toledo aprobado ejecutar las sentencias del 31 de julio, que declaran nula la urgente ocupación y el procedimiento expropiatorio aprobados por el consejo de Gobierno presidido por Cospedal. Por ello la institución provincial deberá restituir la finca expropiada por el Partido Popular a los propietarios.
Sorprendentemente en plena crisis económica, cuando el Gobierno de Castilla-La Mancha estaba en manos del Partido Popular y cerró los parques arqueológicos y cambiando el modelo de gestión de los mismos hacia la empresa privada, la Diputación de Toledo, entonces presidida por Arturo García Tizón decide realizar un gasto que no beneficiaba al interés general y que ni siquiera incluía un proyecto de viabilidad, eso sí… incluía un catamarán.
Hoy sabemos que las sentencias del TSJ de Castilla La Mancha, al igual que la del Juzgado Contencioso Administrativo número 3 de Toledo advierten de la «posible desviación de poder de Cospedal y Tizón en la tramitación del Proyecto«. Sabemos que la sentencia «pone en duda la urgencia del procedimiento expropiatorio y recoge que pudo aprobarse para conseguir un rédito de tipo electoral de cara a las elecciones autonómicas y municipales de 2015″.
En ella se explicaba que «la obra destinada a poner en marcha un centro de interpretación de un yacimiento arqueológico con embarcadero, no supone un servicio estimable como esencial (rasgo imprescindible para la expropiación) para la comunidad como podría ser un hospital, un mercado o las obras de abastecimiento de agua o electricidad«.
Una inversión de 6 millones de euros, de los que durante la anterior legislatura ya se habían gastado aproximadamente 3 millones incluído el «barco de Tizón». Ese capricho, que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha intentó parar hasta en tres ocasiones, la última de ellas en mayo de 2015, fue paralizado, cuando Tizón ya actuaba «en funciones», unos días después ante la advertencia de la posible actuación de las fuerzas del orden público (tras haber sido ignorado el mandato judicial en dos ocasiones previas).
Aquella loca idea de Tizón, respaldada por Cospedal, de enlazar Azután con Ciudad de Vascos, a través de una red fluvial, tenía desde su concepción los días contados porque carecía del permiso de navegabilidad de la Confederación Hidrográfica del Tajo e incluso existía un informe previo negativo de esta institución relativo a la navegabilidad del río. Aún así se compró un catamarán. Pero es que además este proyecto estaba lleno de irregularidades y no solo en la expropiación y la navegabilidad, sino además ante la falta de respeto de la parada biológica de anidación de las aves de aquel espacio.
Fueron 3 millones de euros de todos los toledanos que no han servido para nada, y que se gastaron mientras se cerraban ludotecas, comedores escolares o se quitaban las becas de libros para los niños. 3 millones de euros que se «derrocharon» mientras se cerraba la planta de oncología infantil del hospital Virgen de la Salud. 3 millones que el PP-CLM ha tirado a la basura.
Ahora los toledanos se preguntan quién les va a devolver estos 3 millones de euros que se gastaron inútilmente y que deberían pagar de su bolsillo quienes se saltaron la ley y que además no tuvieron ninguna cortesía a la hora de conseguir los terrenos para»su capricho» mediante una expropiación forzosa a sus legítimos dueños.
P. Moratilla
Publicado en Dclm.es
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