Otra vez la polvareda se deja ver en el horizonte con dirección a Cataluña. En los próximos días, de nuevo esperamos noticias, para ver cómo termina el «pulso» que la mesa de las Cortes catalana le está echando al Gobierno de la Nación.
Cuando uno se para a analizar los ingredientes, no se sabe muy bien si pertenecen a una película de ciencia ficción, o a las políticas realizadas en los «Estados Bananeros», porque lo que es inconcebible es ni siquiera que se plantee la investidura de una persona que está en «orden de busca y captura», y además «huido» de la justicia, por muy exiliado que se quiera llamar.
La Mesa de la Generalidad propone como candidato a presidente de Cataluña, al “huido” en una investidura hecha telemáticamente a través de las pantallas de plasma que puso de moda el Presidente Mariano Rajoy. El Gobierno ejerciendo sus funciones garantes del ordenamiento jurídico español, impugna ante el Tribunal Constitucional tal decisión.
Es evidente que para resolver el alto Tribunal necesita escuchar a ambas partes, Gobierno del Estado y Gobierno regional, para lo que les da un plazo de 10 días y mientras tanto sí adopta una medida cautelar: «La suspensión de cualquier sesión de investidura que no sea presencial y cumpla una serie de requisitos» .
Estos requisitos son: Puigdemont no podrá actuar por medios telemáticos ni por sustitución de otro parlamentario. No podrá procederse a la investidura sin autorización judicial mientras siga vigente la orden de busca y captura e ingreso en prisión. Así como que los miembros de la cámara que están en la misma situación tampoco podrán delegar su voto.
Para que luego no se hable de anulaciones impositivas e injustificadas, el TC establece que se declara nulo cualquier acto, resolución o acuerdo que contravenga las medidas cautelares, al tiempo que advierte a todos los miembros de la mesa, de la posibilidad de iniciar causa penal en el caso de que no impidan o paralicen cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir estas medidas cautelares, para que tampoco se les pueda llamar después “presos políticos”.
Se podrá calificar la sentencia de muchas cosas, pero desde luego no de «falta de lógica». Lógica que obliga al presidente de la mesa Roger Torrent a tomar tres posibles decisiones: Aplazar el Pleno, buscar nuevo candidato o desobedecer al TC.
Ahora podemos criticar la acción del Gobierno o la de la Justicia, sacar la bandera individual o la colectiva y hacer afirmaciones en contra de esta decisión, porque opinar es libre y pensar también, pero no se debe acusar sin fundamentos, ni dejar caer frases lapidarias buscando titulares para ridiculizar una situación que está costando mucho dinero a España. Escuchar a algunos periodistas, hizo necesario, durante el día de ayer, un ejercicio de contención de vergüenza ajena, por la falta de responsabilidad y la ligereza con la que se hablaba de un tema tan grave. Es imposible inhabilitar a Puigdemont y por tanto evitar su candidatura a la presidencia, mientras no haya una sentencia firme que así lo disponga, lo que obliga al tribunal a tomar esas medidas cautelares, que crean las prioridades jurídicas a las que el «huido» de la justicia debe enfrentarse. Mirarlo de otra manera es tratar de hacer periodismo amarillo.
Lo cierto es que escuchando la entrevista de Ana Pastor a Iñigo Méndez de Vigo, cualquiera puede intuir que los políticos del Partido Popular están encantados con la periodista.
P. Moratilla
Publicado en Dclm.es
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